Después del jolgorio se impone la cruda realidad

El regreso del peronismo al Gobierno despertó una alegría popular pocas veces vista en un país que está virtualmente sin moneda, al borde de la hiperinflación y una deuda que avala los dichos de Alberto Fernández: “el riesgo de default es muy alto”. Y con la oligarquía al acecho.

Dirigentes de Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro, entre otras, criticaron el aumento de las retenciones de 24,5% a 30% a la soja y de 6,5% a 12% de otros granos, como maíz y trigo. También tendrá efecto en productos agroindustriales, como la leche en polvo, carnes y harinas, que pasarán del 4,5% a 9%. La medida fue dispuesta por medio de un decreto publicado el sábado en el Boletín Oficial.

Matías De Velazco, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa   (Carbap), sostuvo que la modificación en retenciones “no tiene un final feliz”. En declaraciones televisivas, enfatizó: “El Estado tiene que ser más eficiente y gastar menos. Nos gustaría que el Gobierno haga su ajuste y siempre el ajuste se le pide al sector productivo”.

Eduardo Buzzi, el titular de la Federación Agraria Argentina durante el conflicto de 2008, estimó que “no ha habido una sola reunión formal y ya han arrancado informando cosas por el Boletín Oficial» al tiempo que afirmó que «esto roza el autoritarismo» y llamó a “no volver a cometer los errores de 2008”. Anticipó un escenario de posible conflictividad: “Si vuelven a hacer un mecanismo confiscatorio y autoritario, después que no se quejen si los productores reaccionan”.

Las posibles acciones van desde un paro de comercialización hasta movilizaciones. El domingo, en Armstrong, provincia de Santa Fe, hubo una marcha de ruralistas en el cruce de la ruta 9 y la 178, donde se hacían cortes en el conflicto de la 125.

También opinó del cambio de régimen el exministro de Agricultura de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, en cuya gestión se quitaron las retenciones en todos los productos salvo en la soja. Señaló que le genera "dudas el decreto” y que le da "la impresión de que pueden venir otras subas”.

A su vez, Buryaile, diputado por la UCR, criticó la doble indemnización por 180 días. “Quiero saber dónde está escrito que la doble indemnización genera más empleo”, dijo al tiempo que mostró su oposición a la Ley de Emergencia Económica. “Con medidas como ésta se resiente la generación de empleo”. El diputado llegó a afirmar que “todo esto confluye en el trabajo informal” y que “subsiste el temor de perder planes sociales por un trabajo registrado”.

El presidente Alberto Fernández firmó este viernes por la noche un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para establecer la doble indemnización por 180 días en caso de “despidos sin justa causa” y “ante la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral”.

El decreto declara la emergencia pública en materia ocupacional por seis meses. La disposición regirá para los trabajadores que ya se encuentran en relación de dependencia. Por lo tanto, los nuevos trabajadores no podrán pedir la doble indemnización en caso de perder sus puestos de trabajo.

En los considerandos del decreto, se señala que la desocupación subió hasta el 10,6 % en el segundo trimestre de 2019, con tasas que, en el caso de los jóvenes, son superiores al 18 % en los varones y el 23 % entre las mujeres.

También señala que en 2016 el Congreso sancionó el proyecto de Ley N° 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa. Esa norma fue vetada por Macri. En los años siguientes la destrucción del empleo fue alarmante. Según datos oficiales, en el último año se perdieron 139.000 empleos. La caída mensual del empleo registrado en el sector privado, que entre abril y agosto de 2019 no había superado el -0,2%, pasó al -0,4% en septiembre. Eso muestra la aceleración del proceso.

En las últimas horas un estudio del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la UNSAM que dirige Carlos Tomada mostró que el porcentaje de desvinculaciones por «despidos incausados» fue, en octubre de 2019 (último dato disponible), el mayor desde, al menos, principios de 2005, cuando comenzó a relevarse el indicador.  

Los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, preparan un primer encuentro con empresarios y sindicalistas destinado a sentar las bases de un pacto de precios y salarios, que deberá estar asociado a la suba de ingresos también planteada por el jefe de Estado para promover la recuperación de parte del poder adquisitivo perdido este año por la inflación acumulada. Para asegurar la efectividad del incremento generalizado de sueldos, por ahora planteado vía Decreto de necesidad y urgencia, la administración entrante buscará garantizar que no habrá un traslado automático a precios por parte de los sectores empresariales. El acuerdo de precios y salarios se presenta para la nueva gestión, además, como una pieza importante pero no única del Consejo Económico y Social que el Gobierno buscará implementar a lo largo de toda la gestión y más allá también.

El llamado alcanzará en una primera etapa a los representantes del denominado Grupo de los Seis, que reúne a las principales cámaras patronales (UIA, las cámaras de Comercio y Construcción; la Asociación de Bancos (ABA); la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio), y a la “mesa chica” de la CGT. El encuentro, todavía en tratativas por parte de Moroni y Kulfas, se plantea como un primer acercamiento para conocer de manera directa las impresiones de los protagonistas acerca de las propuestas del equipo de Alberto Fernández.

La iniciativa cuenta, hasta ahora, con el beneplácito de la CGT. A tal punto que algunos de los dirigentes de la “mesa chica” ya avisaron que analizarán eventualmente una postergación de sus paritarias, para facilitar la implementación del incremento por decreto y que el Ejecutivo cuente con margen para acomodar las variables macroeconómicas.

Pablo Moyano, hijo mayor y número dos de Hugo en Camioneros, ya adelantó que su sector no se allanará a una posible postergación de sus paritarias como la que analiza la CGT como primera concesión al nuevo Gobierno.

Desde el sector empresario, en particular la Unión Industrial Argentina (UIA), dan crédito a la discusión por un aumento pero aclaran que estará sujeto a la posibilidad de otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas para los empleadores. Los empresarios afirman que diciembre es uno de los peores meses del año para las empresas ya que además del pago habitual de sueldos deben afrontar los aguinaldos y las vacaciones de su personal. En particular las pymes consideran absolutamente imposible afrontar esta serie de aumentos.

Natalio Grinman, secretario General de la CAC, explicó que ya está previsto un aumento salarial a poco del cambio de mando nacional porque su sector firmó una paritaria en abril con cláusula de revisión en enero. El dirigente consideró que “cualquier decisión unilateral no es buena” aunque no descartó que “se pueda conversar y ver qué se puede hacer”.

Desde la Confederación General Económica (CGE) contraproponen “volcar los aportes patronales del medio aguinaldo y las vacaciones para transformarlo en una recomposición salarial para los trabajadores, refinanciando ese aporte a lo largo del año con el acompañamiento del Estado”.

Finalmente, Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria (CGERA) confirmó que la propuesta de la entidad, “ya dialogada con la CGT”, consiste en una reedición del bono que otorgó el gobierno en octubre y septiembre.

Mientras tanto, La inflación de noviembre subió un 4,3 % con respecto al mes anterior, según comunicó el Indec. Así, llegó al 52,2 % en los últimos 12 meses, mientras que en lo que va del año acumuló un alza del 48,3 %.

Daniel Marx presidirá el Consejo asesor de la deuda. Opinión de Alejandro Olmos Gaona

El mayor investigador sobre la deuda externa argentina afirmó: “Como a los argentinos en general les falla la memoria y el exitismo los confunde, es bueno que sepan que Marx, fue el factor fundamental para dejar sin efecto la auditoría de la deuda privada en el Banco Central en 1985. Auditoría que puso en evidencia la estafa de los grandes grupos económicos. Que fue un estrecho colaborador de Cavallo siendo Secretario de Finanzas y el que manejó el Plan Brady, cuya consecuencia fue que la deuda creciera de 62.000 millones de dólares en 1992, a 145.000 a fines de 1999. Terminado su trabajo fue contratado por Nicholas Brady y estuvo en EE UU muchos años. Volvió a la Argentina a seguir manejando el sector externo y fue viceministro de José Luis Machinea durante el gobierno de Fernando de la Rúa, luego siguió en el cargo durante la efímera gestión de López Murphy, y continuó en el mismo cargo cuando Cavallo volvió a asumir el Ministerio con plenos poderes. Fue uno de los responsables del megacanje de la deuda del 2001, que la aumento en más de 20.000 millones de dólares por las enormes tasas de interés que se pactaron.

Fue procesado por ese tema en el Juzgado federal número 2 y zafó como tantos otros. Ya imagino cuál va a ser su aporte, y cómo se va a justificar mediante la hojarasca dialéctica a la que son tan afectos los economistas, el nuevo acuerdo que se haga con la deuda eterna. El movimiento se demuestra andando, y esto es un símbolo de lo que va a venir, lamentablemente”.

Despidos y suspensiones

Los dos primeros desafíos que se le plantan hoy a la flamante gestión de Claudio Moroni al frente del repuesto Ministerio de Trabajo y al ministro de Transporte, Mario Meoni, son una nueva tanda de despidos masivos en la actividad del Tabaco y el reclamo de los tercerizados del Roca que vienen realizando cortes en esa línea semanalmente.

El secretario general de la Federación de Trabajadores del Tabaco (FTTRA), Juan Martini, le reclamó una «urgente» reunión a Claudio Moroni, frente a la creciente «ola de despidos en la industria tabacalera».

Según explicó Martini «nos vemos obligados a acudir al ministro para manifestarle nuestra preocupación por los despidos que sumaron casi 250 esta semana, en esta oportunidad, en la planta El Carril, en la provincia de Salta».

El gremialista destacó que la «tabacalera Alliance One despidió a 248 trabajadores sin causa que justifique la rescisión laboral y ni siquiera notificó a la organización sindical los motivos de la medida» y añadió que «mientras el presidente Alberto Fernández plantea la necesidad de sacar adelante al país, y eso implica crear puestos de trabajo, parece que algunos empresarios están más interesados engrosar los índices de desempleo».

Por decisión del gobierno provincial se dictó la conciliación obligatoria que exige a la empresa dar marcha atrás con los despidos. Finalmente, el dirigente tabacalero recordó que «el mes pasado la empresa Massalin & Particulares cerró su planta de Goya (Corrientes), dejando en el desamparo y la desocupación a más de 240 familias».

Otro foco de conflicto está puesto en el ramal ferroviario que va al sur del Conurbano bonaerense. Un centenar de trabajadores bloqueó las vías de la Línea Roca y pidió por la reincorporación de 1.500 trabajadores tercerizados. En ese caso será el ministro de Transporte, Mario Meoni, quien explorará alternativas para desactivar la situación.

Una semana atrás, a días del cambio de Gobierno, los trabajadores habían realizado la misma medida de fuerza sin éxito y habían optado por levantar el corte «solo por respeto a los usuarios». El miércoles pasado, el corte comenzó a las 10:00 con una interpelación directa al flamante presidente Alberto Fernández para que intervenga en el conflicto y un mensaje para los usuarios del Roca.

«Queremos que entiendan que no estamos por gusto, nos sentimos acorralados porque no tenemos respaldo de ningún gremio. Esto es una lucha contra un gobierno neoliberal que se fue», indicó el vocero. «¡Queremos que se retrotraigan los despidos que cientos de ferroviarios sufrimos bajo el gobierno de Mauricio Macri!», era el reclamo con el que se inició el corte.

Para el 27 de diciembre, Zanella llamó a una Asamblea General de Accionistas en San Luis. El orden del día dice: «consideración de la venta de la marca Zanella y otras marcas y derechos de propiedad de la sociedad y autorización de activos muebles e inmuebles».

Zanella comenzó cerrando su planta de Mar del Plata, luego desactivó la fábrica de Cruz del Eje en Córdoba y despidió a una treintena de trabajadores de San Luis. Le quedaba en pie un complejo de Caseros, pero en octubre despidió a 75 trabajadores y sólo dejó parte de la administración en pie.

Salvo en Mar del Plata, los trabajadores tuvieron que soportar complicaciones para cobrar la indemnización. Ariel Torres, secretario adjunto de la seccional Tres de Febrero de la UOM denuncia: «A Zanella nunca le aprobaron el procedimiento preventivo de crisis, sin embargo, ofrece a los trabajadores pagarles el 50% de la indemnización en ocho cómodas cuotas, eso es ilegal. La gente está desesperada, fueron despedidos en octubre y aún no cobraron lo que les corresponde».

Si bien el acuerdo se iba a firmar en Provincia, algunos trabajadores denuncian que: «Como es ilegal que nos paguen la mitad, ahora nos están llamando para que firmemos en Ciudad de Buenos Aires. Algunos tienen más de treinta años, hace cuatro meses que no recibimos ni el sueldo, ni las indemnizaciones, estamos endeudados y ni sabemos cómo pasaremos las fiestas».  

Antes de los despidos, los trabajadores le pedían a Walter Steiner, dueño de la firma, que por lo menos les dé motos en parte de pago, para poder venderlas. La respuesta, siempre fue la misma: «Si quieren motos, las compran y de contado», les decía. Sólo les daba entre $2.000 y $5.000 por semana, según como se comportaran.

La empresa Clienting Group S.A. despidió a 47 trabajadores que desempeñaban tareas de ‘call center’ para la farmacéutica internacional Pfizer en sus oficinas de Argentina. La empresa adujo, en la mediación que tuvieron el pasado 4 de diciembre en la entonces Secretaría de Trabajo y Empleo con representantes del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), estar en una situación de crisis que se agudizó con la rescisión del contrato que decidió la farmacéutica en forma «unilateral e intempestiva».  

El SEC «rechaza la petición de la reducción de la fuerza de trabajo». Destaca que «la situación de crisis expresada por la empresa no es imputable a los compañeros» por lo que no deben ser «variable de ajustes económicos». En ese sentido solicitan la presencia de la empresa Pfizer en una próxima mediación, «quien fuera responsable solidaria y a quien los compañeros trabajadores prestaban servicios en forma directa y exclusiva».

A la fecha los trabajadores no cobraron el salario de octubre ni noviembre.   En 2017 Clienting Group estuvo involucrada en 70 despidos indirectos que realizó PSA-Peugeot en el mismo momento que la planta era visitada por el ex presidente Mauricio Macri.

El miércoles 11, docentes, estudiantes y familias de la escuela privada ORT hicieron un abrazo simbólico a la sede ubicada en el barrio porteño de Almagro en rechazo a los despidos de al menos diez docentes, que atribuyen a su militancia sindical. De los 10 despedidos, 9 son afiliados al sindicato, 7 son mujeres, 4 de ellas madres, y 3 habían sido candidatas en las elecciones de UTE.

En el «abrazo» a la ORT, que se realizó a las 17:00 y en el que los despedidos leyeron un documento, participaron representantes del Cuerpo de delegados de la escuela, de UTE, el Centro de estudiantes de las sedes de Yatay y de Belgrano, graduados y docentes jubilados de la institución.

Será «el primer tema» que llevarán los gremios docentes a la paritaria nacional convocada por el gobierno. Consideran que se trata de una medida de la patronal que busca «disciplinar» y «amedrentar» para evitar la sindicalización de los trabajadores.   Así lo confirmó el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, al participar de una conferencia de prensa realizada en la puerta de la Legislatura porteña. En el acto estuvieron presentes los diputados Gabriel Solano (PO-FIT), Marta Martínez (AyL), Lucía Cámpora, Maru Bielli (FdT), Ofelia Fernández (FdT), Laura Velasco (Somos), Santiago Roberto (FdT), Claudia Neira (FdT), Claudio Morresi (FdT), Matías Barroetaveña (FdT) y Cecilia Segura (FdT).

Para reclamar contra los despidos en la empresa de software Indra, y en el marco de las protestas que viene realizando en las últimas semanas en la firma, la Unión Informática movilizó a las puertas del nuevo edificio que la compañía española instaló en Parque Patricios. Allí la organización volvió a reclamar la reincorporación de más de una decena de cesanteados en las últimas jornadas.  

Desde el gremio confirmaron que ya presentaron una denuncia por esta situación ante la autoridad de aplicación para que medie en el conflicto y que están en curso las acciones legales para lograr la reinstalación, hecho que ya han logrado en otras firmas.

La alimenticia Mondelez (ex Kraft) filial argentina de la multinacional Mondelez Internacional -primer productora mundial de chocolates y galletitas y el segundo productor de chicles- fue noticia a raíz de un pedido de procedimiento preventivo de crisis (PPC), que de aprobarse permitiría a la empresa despedir y suspender a un “costo” menor.

Mondelez tiene una importante participación en el mercado alimenticio, principalmente en la producción de golosinas y, por lo tanto, es formadora de precios. Algunas de las marcas más conocidas de sus productos son: Milka, Tita, Rhodesia, Mantecol, Cadbury, Toblerone, las galletitas Pepitos, Melba, Oreo, las pre-mezclas de postres Royal, y los jugos Tang y Clight.

Al igual que otras empresas líderes en consumo masivo, tras las elecciones de octubre enviaron listados para remarcación de los precios cercanos al 15 %. Lo mismo había sucedido luego de las PASO en agosto.

Argumentando una baja en las ventas, Mondelez amenazó con aplicar un plan de suspensiones masivas que afectaría a 500 trabajadores de sus plantas ubicadas en General Pacheco y Victoria (GBA), en las cuales trabajan 2.400 empleadxs en total. Quedando fuera de este anuncio la planta de Villa Mercedes (San Luis), donde trabajan alrededor de 300 empleadxs. El broche final de este chantaje fue el beneficio otorgado por el Estado a Mondelez, que para paliar la supuesta crisis no pagará cargas sociales por 6 meses. En el tercer trimestre de 2019, Mondelez Internacional obtuvo ingresos por u$s 6.355 millones a nivel mundial, y por u$s 736 millones en la región Latinoamericana.

Entre 2017 y 2018 no ha demostrado ni un solo día de atraso en el pago de obligaciones tributarias, comerciales o financieras. Su liquidez es suficiente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Ninguno de los cheques emitidos en estos últimos 2 años, ha sido rechazado por ninguna entidad bancaria. Se puede confirmar que la situación financiera de la empresa es saludable.

En 2018 las ventas netas subieron de 10.300 millones de pesos en 2016 a 12.039 millones de pesos en 2017, a 17.800 millones pesos en 2018. La evolución de las ventas aumentó entre el 2017 y el 2018 en un 48,6%. Y su patrimonio neto aumentó un 251,2%.

Luego de aplicar fuertes remarcaciones de precios para hacer frente a la inflación sin ningún tipo de control por parte del Estado, y tras el chantaje de aplicar suspensiones masivas, la multinacional consiguió una ventaja impositiva: por 6 meses no pagará cargas sociales, es decir financiará su supuesta “crisis” con la plata de los jubilados.

Se trata de una transferencia de recursos del ANSES al bolsillo de la compañía. En virtud de los salarios medios del sector y la dotación total de la empresa, el ahorro impositivo superaría los 150 millones de pesos.

Lorena Gentile trabajadora de Mondelez (Pacheco) y de la agrupación Bordó remarcaba frente a este chantaje: “[...] a nosotros nos sigue pareciendo un fraude, y nos parece mucho más escandaloso que le hayan dado desde el Gobierno exenciones impositivas a esta empresa sin que hayan tenido que demostrar nada, con lo cual el 90% de los aportes que tienen que hacer durante los siguientes seis meses, van a estar eximidos. ¿Y eso que quiere decir? que lo va a poner el Estado Argentino, o sea el Estado poniendo plata para sostener a una empresa multinacional norteamericana que ha presentado un Preventivo de Crisis fraudulento."

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a través de la sala V, confirmó el viernes, en fallo unánime, la reincorporación de los últimos 12 trabajadores con sentencia judicial pendiente que habían sido despedidos de Télam por Hernán Lombardi, con lo que se refrenda la ilegalidad de su plan de despidos.

Paritarias y bonos

El Intendente reelecto de Ensenada, Mario Secco, comunicó que dará a los empleados municipales un bono de fin de año de 36.000 pesos para mitigar el efecto de la inflación, la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Además sostuvo que lo cobrarán los jubilados municipales y agregó que el mes pasado habían cobrado un bono de emergencia.

El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), Armando Cavalieri, y los directivos de la empresa Carrefour acordaron el pago de un bono de fin de año de 6.575 pesos y una compensación remunerativa extraordinaria de 5.000 pesos dependiendo de la jornada laboral, informó la prensa de la organización. La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados firmó con las Cámaras del sector una recomposición paritaria de otro 17%, a la que se añade una suma fija de 2.500 pesos y el “no descuento” de los “5.000 pesos otorgados por el decreto 665/19” (el llamado «bono primavera»).

El acuerdo fue firmado con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, la Unión de la Industria Cárnica, las Cámaras de Frigoríficos de Santa Fe y la Argentina, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales y la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne. El 17% de aumento se suma al 35% firmado en abril, para totalizar un 52% de recomposición salarial durante el año, en un acuerdo que rige hasta marzo del año próximo. La Federación de la Carne, que agrupa a los trabajadores de las carnes roja y avícola, tiene más de 50.000 afiliados y unas 50 seccionales a nivel nacional.

Los cuatro gremios ferroviarios difundieron el nuevo acuerdo alcanzado con las empresas del sector, que establece la percepción de una Gratificación Extraordinaria de fin de año y un acuerdo salarial de ajuste por inflación para los sueldos entre septiembre y diciembre de este año.

El lunes 25 de noviembre se reunió la asamblea provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba en la cual se votó la aceptación de la propuesta salarial del Gobierno para los meses que siguen, luego de que se dejara de aplicar la cláusula gatillo por inflación en agosto. Lo acordado consiste en una suba de 4 % más una pequeña cifra en negro para noviembre y algo similar recién en enero. Si el año pasado la pérdida salarial se ubicó en torno a un 11 %, este año será de alrededor de un 20 %.

La Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina anunció a cinco días del final de la gestión macrista la firma del acuerdo paritario con las Cámaras empresarias de la industria farmacéutica, que fijó el salario básico de cualquier visitador médico que ingresa a la actividad en 72.658 pesos.  

La cifra representa un 248% de aumento y se trata de la primera firma en todo el macrismo. El último acuerdo se había firmado en noviembre de 2015. Hasta ahora las empresas habían presionado fuerte para flexibilizar las condiciones de trabajo y a cambio se negaban a dar actualizaciones salariales . Todo ante la mirada del Ejecutivo que dejaba hacer. En aquel momento las conducciones de cuatro gremios regionales se cortaron solas y aceptaron firmar a la baja, renunciando en el camino a la Federación nacional, la FAAPRoMe.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda elevó el pedido formal de un bono navideño de 30.000 pesos y la instalación de las paritarias como lo estipula la ley.

El flamante ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo que uno de los «compromisos» es «convocar a la paritaria nacional docente», y lograr que la educación esté «presente en la cotidianidad de nuestras vidas», a través de los contenidos que se generarán con el re-direccionamiento del dinero de la pauta oficial.

Respecto de la aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas, el ministro afirmó: «Estamos constituyendo una Dirección Nacional que va a asumir esa agenda; hay un consenso muy grande en nuestra sociedad y vamos a impulsar todas las herramientas necesarias».  

Los docentes nucleados en el gremio con mayor representación en Santa Cruz, ADOSAC, llevaron adelante un cese de actividades por 48 horas en reclamo de un aumento salarial correspondiente al segundo semestre de este año.

El secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz, Pedro Cormack, manifestó que “lamentamos llegar a un fin de año sin ningún tipo de diálogo, no hay respuestas a nuestros pedidos por parte del Consejo Provincial de Educación ni del Gobierno y las clases no finalizan normalmente, lo que es grave porque lo que pedimos es lo que se definió en la paritaria del mes de mayo para el segundo semestre”. La paritaria llevada a cabo en la primera parte del año alcanzó un incremento de 31,67% escalonado que se completó en septiembre y aseguraron volver a abrir la negociación en la segunda parte del año.

El último año los lácteos aumentaron más del 100% pero las empresas ofrecen una recomposición salarial a sus empleados del 23%. El gremio de lecheros rechazó la propuesta y el 6/12 fue al paro en todo el país.

Además, dispuso que desde el sábado los trabajadores no hagan horas extras y se respete el franco. Es decir, desde las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo, tampoco habrá actividad en las plantas.  

Según los cálculos que manejan los técnicos de ATILRA, en lo que va del año, producto de la asimetría entre los precios y los salarios, los trabajadores de la industria han perdido, en promedio, unos 150.000 pesos cada uno.  

«Este será el inicio de un plan de lucha que continuará con nuevas medidas de fuerza tendientes a salvaguardar la dignidad y el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del sector», concluyeron en un comunicado de prensa.

Trabajadores de los circuitos cerrados de televisión (Cable) realizaron una jornada de protesta con asambleas en los lugares de trabajo que tuvo repercusión en todo el país. Las mismas se realizaron en el marco de la negociación paritaria donde las Cámaras empresarias niegan una recomposición salarial a tono con la evolución de la inflación.  

«El sector empresario ratificó en la audiencia del viernes 29 de noviembre su posición intransigente de ofrecer solo un 16% de recomposición salarial para un cuatrimestre (Nov. 19- Feb. 20) aunque reconozcan un desfasaje con la inflación que será mayor al 25%, reduciendo con su propuesta drásticamente el poder adquisitivo de los salarios en aproximadamente un 10%, esto es para nosotros inaceptable», detallaron en un comunicado desde el Sindicato Argentino de Televisión. Desde el gremio advierten que la intensidad de los reclamos irá en crecimiento de continuar la negativa patronal a la recomposición salarial.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital y Gran Buenos Aires (Stigas), acordó con el sector empresario un incremento salarial del 10 % a partir del 1º de diciembre y el pago del bono anual. Según el titular del Stigas, Pablo Blanco, «el aumento del 10% se suma a lo obtenido en el marco de las negociaciones en los últimos meses, con lo cual los trabajadores del gas aumentaron sus ingresos en un 45%».  

No obstante, Blanco aclaró que «este porcentaje no cierra las paritarias, ya que el vencimiento de la misma se produce en marzo de 2020, y acordamos con el sector empresario sentarnos a discutir el incremento de los últimos tres meses en febrero del año que viene». El sindicalista también informó sobre el pago del bono anual, que será de 34.478 pesos, y que se hará efectivo el 14 de enero de 2020, sin ningún descuento.  

El gremio metalúrgico quiere acordar la diferencia entre el 36% que firmó y la inflación anual, por lo que activarán la cláusula gatillo. La primera semana de diciembre inició las conversaciones formales. El último acuerdo para el sector fue de un 36%, pero se rubricó, como en otros muchos casos, con el compromiso de activación de la cláusula gatillo para fin de año para hacer un monitoreo de precios y salarios.

Los metalúrgicos se convirtieron en uno de los sectores más golpeados por las políticas económicas de Cambiemos. Según palabras del propio Antonio Caló,   la actividad destruyó 60.000 puestos de trabajo durante la gestión de Mauricio Macri y tiene un número similar de suspendidos. Cabe indicar que el nuevo acuerdo salarial impactará en casi 200.000 trabajadores metalúrgicos de todo el país.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) acordó un 15% de recomposición salarial para el personal embarcado de flota de altura, que se suma al 35% firmado en junio pasado y alcanza el 50% de incremento anual.

El acuerdo fue rubricado en la ciudad de Mar del Plata por el secretario de la seccional de dicha ciudad, Pablo Ochagavia, tras una “intensa negociación” con la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, representada por su Presidente Diego García Luchetti, con la mediación de la Agencia Territorial Mar del Plata de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

La recomposición salarial será de carácter no remunerativa y tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2020, donde los valores de aumento pasarán a ser remunerativos en su totalidad, en los casos correspondientes. Los montos retroactivos, en tanto, se abonaron en una primera mitad el 10 de diciembre y la mitad restante el 20 de diciembre próximo. Asimismo, se convino entre las partes que el bono de $ 5.000 dispuesto en el Decreto 665/2019 sea absorbido en su totalidad por los incrementos salariales acordados.

El gremio del neumático, Sutna, obtuvo casi un 32% semestral. El entendimiento se firmó en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo y luego fue aprobado por una asamblea con más de 1.000 trabajadores de la actividad. El mismo implica una recomposición del 31.9 % hasta marzo, que se terminará pagando en cinco tramos (noviembre, diciembre y enero, febrero y marzo de 2020) y fija una reapertura de las negociaciones para abril del año entrante.  

La paritaria incluye, además, una cláusula «catástrofe» que implica el adelantamiento de la revisión ante un posible desmadre inflacionario y la certeza de que el bono de 5.000 pesos, pagado con el sueldo de octubre por decreto presidencial, no será absorbido.

El Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), conmemoró el Día del Trabajador Previsional y sumó un reclamo exigiendo “la reapertura de paritarias”. Además, ante “el silencio negligente y cómplice de las autoridades, el sindicato decidió realizar un esfuerzo económico y otorgar un bono compensatorio y solidario”. Es el tercero que el gremio entrega, luego del de abril último y el de diciembre de 2018. También aseguró que “el gobierno dejará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo con una tercera parte de los dólares que tenía”.

“Al crearse, en 2008, tenía unos 28.000 millones de dólares, Al asumir Mauricio Macri, en 2015, lo recibió con más de 67.000 millones de dólares. En cuatro años se esfumaron 45.000 millones de dólares. Hoy apenas supera los 22.000 millones”, denunció.

“Ante la creciente inflación que en la Ciudad de Buenos Aires ya lleva acumulado un 39,9% hasta octubre, las y los trabajadores de las cooperativas que prestamos servicios para el Gobierno porteño exigimos un aumento urgente de nuestros ingresos y un bono de fin de año.

Durante el 2019, hemos acordado una mejora en 3 cuotas que acumulado deja un 25% de aumento. Ingresos que ya se ven superados ampliamente por los aumentos generalizados de precios que, en el caso de nuestro sector, tiene un impacto más profundo en los ingresos ya que principalmente es destinado al consumo para satisfacer las necesidades más básicas de nuestras familias”, sostiene un comunicado de los trabajadores cooperativos. También, exigen la reapertura de los programas de trabajo que fueron cerrados por la gestión de Larreta desde su asunción y la igualación de los Convenios para todas las cooperativas.

Trabajadores de apps a la huelga

Luego de dos semanas de asambleas de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones, y a la total falta de respuesta por parte de la empresa con respecto a sus condiciones de trabajo, quienes trabajan en la aplicación Rappi convocaron para el 10 de diciembre a un cese de actividades y a una movilización en Córdoba.

Son monotributistas en condiciones de trabajo absolutamente precarizadas. Si les sucede algo en la calle mientras están repartiendo con la app es enteramente su responsabilidad. En caso de robo la empresa no se hace cargo si les sacaron dinero, el teléfono y/o la movilidad que estén usando en ese momento ya sea moto o bicicleta. En caso de sufrir un accidente de tránsito pasa lo mismo. Rappi solo se hace cargo de los medicamentos una vez que le mandan la factura. Tampoco tienen Obra social, ART ni aguinaldo.

Están en condiciones de “trabajadores independientes”, son “su propio jefe”, como rezan las publicidades para que uno se inscriba en las apps. Tiene normas que no contemplan el trabajo que uno realiza: “me encuentro ante un monopolio de consumo, en donde 3 o 4 empresas en nombres de terceros oferta trabajos (traslado de mercaderías o bienes) y el mismo consumidor está colocando el precio al trabajo que uno realiza. Cual cálculo matemático de computadora, las apps ponen un precio a nuestro trabajo en base a un ideal de estar el trabajador a menos de 2 cuadras del lugar de retiro, el local que entrega el producto con el producto listo y el consumidor del producto esperando en la puerta para recibirnos. Pasa que en la realidad eso está muy lejano. Nos toca buscar la mercadería a veces a varios kilómetros de distancia, con una advertencia símil amenaza de que, si no vamos lo más pronto posible, el pedido que aceptamos hacer es retirado de nuestro sistema por no ir pronto al local, teniendo como conclusión una suspensión de una hora como penalización. Por tal motivo muchas veces vemos a muchos compañeros infringiendo normas de tránsito o conduciendo de una forma que da miedo, con lo que eso implica”, explica un trabajador.

Con la acción del 10 buscaron visibilizar la problemática que trae aparejado este tipo de trabajo, donde no hay un ente físico constituido y con la capacidad de tomar decisiones inmediatas. Y hacerle saber a la empresa que se están organizando para dignificar su trabajo y reclamar condiciones básicas como que deje de ser de 40 pesos la paga mínima por pedido cuando el litro de nafta está a 53.

Las apps hace más de un año que no reflejan ninguna mejora para los repartidores, teniendo como base la entrega de un pedido por 40 pesos. En Córdoba hay una oficina que recibe reclamos, pero las veces que han ido a presentar alguna queja les dijeron que las decisiones solo se toman en Colombia y que para que sean receptados tendría que haber una desconexión masiva del sistema de reparto. (sic)

Hugo Jaime tenía 54 años y se había sumado a Pedidos Ya en los últimos meses. En la tarde del martes 3 de diciembre se dirigía junto a un compañero desde Godoy Cruz, cuando se accidentó con su moto en cercanías de la rotonda, a la altura del Parque Benegas, en Mendoza. El miércoles por la noche falleció producto de las heridas que le provocó el accidente.

Apenas conocieron la noticia, sus compañeros y compañeras de Pedidos Ya, junto a trabajadores de otras plataformas, resolvieron un paro de actividades. Quieren que la muerte de Hugo no sea en vano y prepararon esa acción para visibilizar las pésimas condiciones en las que estas empresas los obligan a trabajar todos los días.

Contaron con el apoyo de repartidores de otras plataformas como Glovo y Uber y llamaron al conjunto de la sociedad mendocina a apoyarlos y acompañarlos en este reclamo. La respuesta de la empresa no se hizo esperar y, con un click, dio de baja a decenas de repartidores, dejándolos sin trabajo. De esta manera, lo que empezó como una medida para denunciar la muerte de un compañero y exigir medidas de seguridad, sumó el reclamo contra los despidos.

La municipalidad de Avellaneda publicó que el programa Envión fue premiado por la UNESCO como mejor política pública local inclusiva. Una política que pelea cabeza a cabeza con Rappi, Uber y Glovo en el ranking de precarización laboral.

Envión es un programa de promoción de derechos para adolescentes de entre 12 y 21 años en situaciones vulnerables aplicado por la Provincia de Buenos Aires, que además trabaja con ejes básicos como salud, educación y trabajo, entre otros. Ahí les enseñan oficios, les dan apoyo escolar y herramientas para insertarse en el mercado laboral sin abandonar los estudios. Si bien es una política provincial, a través de un acuerdo de coparticipación, cada municipio se debe hacer cargo de cierta cantidad de sedes, desde la estructura de éstas, hasta la contratación del equipo técnico que va a trabajar allí. Cada distrito pone la mano de obra y la fuerza de trabajo, y la provincia el dinero para las becas de los beneficiarios y los sueldos del equipo. En otras palabras, la provincia terceriza.

Al igual que quienes trabajan para las aplicaciones, los trabajadores de Envión, no tienen ART. Ni ningún seguro que los cubra ante cualquier accidente de trabajo. Por ende, cualquier cosa que ocurra en la sede, camino a la sede, o incluso en alguna visita a la casa de algún beneficiario con los trabajadores sociales que forman parte del equipo, corren por cuenta del trabajador.

Actualmente el Gobierno de la provincia de Buenos Aires destina, para cada miembro del equipo técnico, 7.600 pesos al mes, mientras la canasta básica es de 35.000. Incluso trabajando en alguna de esas apps, por día se podría ganar más de lo que cualquier trabajador de Envión.

Los trabajadores de Envión son monotributistas como los de Rappi, Uber, Glovo o los de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Envión en 2019 cumplió 10 años, y la UNESCO se encargó de premiarlo. Pero Envión necesita que reconozcan su trabajo.

Mujeres al poder

María Fernanda Bariotti, la dirigente de las y los profesionales de la salud y Secretaria Adjunta de la CTA Autónoma de Rosario, fue proclamada por el Congreso de la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud como Presidenta de FeSProSa-CTA-A.

Boriotti aprovechó la oportunidad para ratificar los posicionamientos públicos de la nueva conducción: “Nosotros somos el colectivo Andrés Carrasco, el Movimiento por el Derecho a la Salud, somos el Famatina no se toca, el Colectivo Sanitario de La Pampa, somos la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, somos la multisectorial y también somos cada una de las regionales que componen esta Federación. Apostamos a que queremos más FeSProSa, más defensa al derecho a la salud, más defensa de los derechos laborales, mejores condiciones de trabajo, un mundo libre de violencia y acoso”.

Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y compañera de luchas de los trabajadores y trabajadoras de la salud, dijo presente para saludar la nueva gestión y cerrar el acto: “Ustedes tienen la edad que tenían nuestros hijos y, aunque nosotras vamos quedando poquitas, qué suerte que están para sostener nuestras banderas de lucha”, dijo Norita y celebró además que sea una mujer la que lleve adelante el liderazgo de la Federación y recordó las luchas por el Posadas, contra la megaminería, los agrotóxicos y afirmó que “con la fuerza de todos ustedes, vamos a seguir y no nos vencerán”.

Angélica Graciano se impuso en los comicios de UTE y será la nueva titular de los docentes porteños. Eduardo López, hasta hoy secretario general, y Guillermo Parodi, acompañarán a Graciano como secretarios adjuntos, luego de obtener el 79 % de los votos a partir de una alianza de varias agrupaciones para los próximos cuatro años. La corriente Multicolor obtuvo el 11 % de los sufragios y, en el tercer puesto con el 10 % de los votos, se ubicó la Granate, en una votación de 5.000 afiliados.

La Haine